EL DESPIDO IMPROCEDENTE

EL DESPIDO IMPROCEDENTE

El despido improcedente, aun cuando en la legislación laboral vigente se DESPIDO IMPROCEDENTEdescarta el llamado “despido express”,  frecuentemente utilizado por los empresarios para culminar la relación laboral de forma rápida y sin mayores consecuencias, persiste la figura del “despido disciplinario” que carga sobre los hombros de los trabajadores la responsabilidad de su cese, al permitir que el contratante despida al empleado cuando éste se ausente injustificada y consecutivamente o comete actos imprudentes, desobedientes  o de  indisciplina.

Sin embargo, no resulta suficiente con que el contratante esgrima causas asociadas al comportamiento personal o laboral del empleado para cesarlo acogiéndose a la figura del “despido disciplinario”, éste debe probarlo, ya que queda a criterio del juez, determinar si efectivamente el despido es procedente o improcedente, luego de escuchar los argumentos y analizar las pruebas presentadas por las partes.

Cuando el juez de la causa califica el despido  de un trabajador como “improcedente” ordenará el pago de una indemnización, establecida en 33 días por año trabajado con un pago máximo de 24 mensualidades, lo cual perjudica notablemente al trabajador, porque según la anterior reglamentación, el empleado despedido improcedente, tenía derecho a ser indemnizado con el pago de 45 días por año trabajado y hasta 42 meses.

Para formalizar el despido, el empleador debe entregar al trabajador una comunicación escrita, donde le indica su decisión de cesarlo de sus funciones laborales a partir de determinada fecha, expresándole detalladamente las causas para tal acción. En algunas legislaciones existe la obligatoriedad del patrón de darle un preaviso al empleado, con una antelación de quince días para que éste tenga la oportunidad de buscar otro empleo.

ACCIONES QUE PUEDE EMPRENDER EL TRABAJADOR DESPEDIDO.

Una vez despedido el trabajador puede emprender acciones judiciales para reclamar la calificación de su despido improcedente y el derecho a indemnización, en cuyo caso el Juez de la causa estudiará el caso y podrá emitir una declaratoria de “despido improcedente”, dándole al empleador las opciones de readmitir al empleado despedido en su puesto de trabajo con abono de los salarios no percibidos; o no readmitirlo y proceder a su indemnización.

En un plazo de cinco días posteriores a la notificación de la sentencia, el empleador debe  manifestar formalmente la elección de una de estas opciones. En caso de optar por la readmisión del trabajador, el contratante deberá reinstalarlo inmediatamente en su cargo y pagarle la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia por parte del juez.

Si el empleador decide no readmitir al trabajador deberá indemnizarlo, pagándole treinta y tres días de salario, por año de servicio, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. No obstante, si en el plazo de los cinco días posteriores a la sentencia, el contratante no formaliza decisión alguna ante el juzgado, se entiende que éste ha optado por la readmisión del empleado despedido.

Cabe destacar que la citada indemnización de 33 días, sólo aplica para los contratos firmados a partir del 12 de febrero del año 2012, cuando entró en vigencia el Real Decreto Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Los suscritos con anterioridad a esa fecha, se circunscriben a las condiciones anteriores de indemnización de  45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades.

CASOS ESPECIALES DE INDEMNIZACIÓN

Las indemnizaciones de trabajadores con relaciones especiales se regirán por las condiciones previamente establecidas en sus contratos. Son consideradas “relaciones laborales especiales”, las establecidas con el personal de alta dirección o con personas que intervienen en operaciones mercantiles en representación de empresas, sin asumir el riesgo de las mismas.

También se consideran especiales, las relaciones laborales con los trabajadores discapacitados que presten sus servicios en algunos centros de empleo, con el servicio doméstico del hogar, los penados en las instituciones penitenciarias, los deportistas profesionales, los artistas que laboran en espectáculos públicos o las relativas a oficios expresamente declarados como “relación laboral de carácter especial”, por alguna reglamentación específica.

Si el trabajador despedido es un representante sindical es él, quien tiene la potestad de decidir si quiere ser readmitido o indemnizado y el contratante deberá respetar su decisión.

Escrito por 

Despachos de Abogados y Administradores de Fincas MADRID BILBAO BIZKAIA.