LAS FIANZAS DE LOS ALQUILERES

LAS FIANZAS DE LOS ALQUILERES

Un reconocido diario de Bilbao, publicó recientemente la información sobre la aprobación de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca-Euskal Kontsumitzaileen Alkartea (EKA/ACUV),LAS FIANZAS  respecto al decreto del Gobierno sobre la creación de un Fondo público para el depósito las fianzas de los alquileres de viviendas, realizados a partir del año 2015.

Representantes de la EKA/ACUV,  en lo referente a las fianzas de los alquileres, consideran que el hecho de que “el depósito quede en manos de un tercero que no es “parte interesada” como el arrendador o el arrendado; aporta seguridad, tanto a los inquilinos como a los propietarios privados, quienes alquilan sus inmuebles, como negocio o para obtener recursos económicos adicionales que le ayuden a sufragar gastos o mantenerse durante su vejez.

Conviene recordar, que en el Pais Vasco, existen empresas de alquiler como Alokabide, propietaria más de 3.200 viviendas sociales, las cuales sumadas a las 2.800 viviendas y alojamientos sociales propiedad del Gobierno vasco y otras 5.000 privadas del Programa Bizigune, constituyen un importante mercado inmobiliario que debe ser consolidado, mediante la generación de garantías por parte del gobierno.

Otros sectores aprueban la medida

La iniciativa cuenta también, con la opinión positiva de representantes de  Administradores de Fincas de Bilbao, quienes consideran que, la mediación implícita en la creación del citado fondo, asegura que el arrendador reciba la fianza, en caso de que se produzca algún daño en su inmueble alquilado; mientras el inquilino no corre el riesgo de ser amenazado por el propietario del inmueble con no devolverle la misma.

La iniciativa de crear este Fondo público para el depósito de las fianzas de los alquileres de viviendas con carácter obligatorio y la reciente activación del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma vasca, forman parte del desarrollo de la Ley de Vivienda aprobada por el parlamento en 2015, cuyo propósito es regular las actividades de alquiler de las viviendas protegidas y de aquellas libres de programas de intermediación.

Se debe considerar que la citada ley,según varios abogados,  que entró en vigencia recientemente, consagra el derecho subjetivo a reclamar una vivienda en alquiler por parte de los ciudadanos considerados vulnerables socialmente, quienes no dispongan de un domicilio habitable, padezcan una situación de exclusión social o tengan condiciones de necesidad.

Los voceros de la EKA/ACUV consideran que “en principio deberíamos confiar en las instituciones y en las administraciones en este tipo de cuestiones” y (…) “los propietarios  no deberían tener en un principio, ningún resquemor hacia esta medida, por la garantía de la gestión o de la supervisión por parte de la administración”, lo cual a su juicio, favorece a  los involucrados en las actividades de alquiler.

Disposiciones referentes al Fondo

Despachos de abogados afirman que en el Artículo 54-1 del Capítulo VIII Depósito de Fianzas y Registro de contratos de alquiler de fincas urbanas, se dispone que “Las personas o entidades arrendadoras de fincas urbanas, tanto las destinadas a vivienda como a otros usos, deberán depositar en la delegación territorial correspondiente del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda, la fianza en metálico establecida en el artículo 36.1 de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos”.

La Ley de Vivienda, en su artículo 54-2 establece que el depósito de la fianza será exigible y permanecerá en el fondo, durante el tiempo de vigencia de los contratos de arrendamiento, sin el beneficio de interés, y deben corresponder a una mensualidad de renta para los contratos de arrendamiento de vivienda y dos mensualidades de renta para los convenios de alquiler por temporada que excedan de un año.

Igualmente, se dispone que para los convenios de alquiler por temporada, “el importe de la fianza será proporcional al plazo contractual partiendo de dos mensualidades por año”. En el caso de “los contratos de arrendamiento, cuyo destino primordial sea distinto al de vivienda y al de temporada”, se deberá depositar la cantidad correspondiente a dos mensualidades de renta.

Los propietarios de viviendas alquiladas, cuyos contratos se produjeron luego de la entrada en vigencia de la LV en 2015, tendrán tres meses de plazo para acogerse a lo dispuesto.

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Escrito por 

Despachos de Abogados y Administradores de Fincas MADRID BILBAO BIZKAIA.