LOCALES DESOCUPADOS

LOCALES DESOCUPADOS

Tomó por sorpresa el reciente anuncio publicado en un diario regional sobre la propuesta de penalizar a quienes no pongan en uso sus locales desocupados. LOCALES DESOCUPADOSAun cuando el Ayuntamiento de Bilbao descarta, «por el momento», adoptar «medidas coercitivas» y aboga por «estimular» a los emprendedores, ésta es una carta que se asoma en la Ley de Vivienda (LV),  aprobada en 2015, la cual pudiera replicarse en los inmuebles donde se desarrollen actividades comerciales.

En la información se señala que “los comerciantes de Bilbao son los primeros en lamentar la gran cantidad de calles con cada vez más locales comerciales cerrados por la pésima imagen que traslada a los vecinos y turistas y la pérdida de competitividad”, recalcando que el ayuntamiento cuenta con suficientes recursos legales para estimular la reactivación de los negocios cerrados.

Lo cierto es que la LV dedica su Capítulo IX a las Garantías Jurídicas del Uso Adecuado, de las Condiciones de Habitabilidad y de la Función Social de las Viviendas, donde se dispone, entre otros aspectos, la imposición de un canon fiscal, el cual “(…) recaerá sobre las personas físicas y jurídicas, así como sobre las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades” que ostenten el derecho de propiedad y uso de viviendas deshabitadas.

Características del gravamen fiscal

En todo caso, el polémico instrumento legal, en su artículo 56-1 se refiere a la vivienda deshabitada o locales desocupados como aquella “(…) que permanezca desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a dos años, salvo que concurra motivo que justifique su no utilización en los términos previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo”.

Los motivos justificables para el desuso de la vivienda son los siguientes: los supuestos de traslado de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social que justifiquen la necesidad de desocupar temporalmente la vivienda o cuando su titular la mantenga en oferta de venta o alquiler a precios de mercado, así como en otras situaciones equivalentes a las citadas” como los casos en que el inmueble sea “segunda vivienda”, según administradores de fincas colegiados.

El canon fiscal se fija en un importe de 10 euros por cada metro cuadrado útil y el monto  se incrementará un 10% cada año, sin que pueda superar tres veces el importe inicial. Este gravamen se liquidará anualmente, a partir de que la autoridad competente declare oficialmente al inmueble como “vivienda deshabitada”.

En el artículo 56 de la LV, se dispone que “La declaración de vivienda deshabitada podrá ser acordada por el ayuntamiento correspondiente, o, en su defecto, por el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, previa audiencia del ayuntamiento respectivo. En cualquier caso, la resolución irá precedida de un procedimiento administrativo con audiencia a los titulares de la vivienda”.

El Registro de viviendas deshabitadas

En la mencionada Ley se crea el Registro de Viviendas deshabitadas “(…) como instrumento básico para el control y seguimiento de las viviendas que, por concurrir los supuestos previstos legalmente en el artículo 56, hayan sido declaradas deshabitadas, y ello al servicio de las potestades administrativas que reconoce la presente ley”, artículo 58-1.

Igualmente, se determina que el mencionado registro tiene carácter autonómico y se residenciará en el departamento competente en materia de vivienda de cada jurisdicción. Éste deberá contener un fichero de datos de titularidad pública, (sujeto a la normativa  sobre protección de datos de carácter personal), así como la descripción de las características del inmueble desocupado.

En esta ley se considera, también, la expropiación temporal de pisos a bancos, al reconocer el derecho subjetivo y exigible ante los tribunales, con el propósito de disponer de una vivienda deshabitada. Aun cuando se reconoce el derecho de los propietarios afectados a  interponer acciones judiciales, las cuales pueden generar sentencias a favor que se convierten en jurisprudencia.

Lo cierto es que los propietarios de inmuebles destinados al desarrollo de actividades comerciales deben “poner su barba en remojo” y consultar a abogados expertos en la materia, sobre los recursos legales que tiene el ayuntamiento para combatir el desuso de  locales y convertir lo que hasta ahora es solo un rumor, en una acción efectiva.

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Escrito por 

Despachos de Abogados y Administradores de Fincas MADRID BILBAO BIZKAIA.